OIT aclara que Chile no podrá renunciar al convenio 169 hasta el 2021 - FENASIC

lunes, 19 de febrero de 2018

OIT aclara que Chile no podrá renunciar al convenio 169 hasta el 2021

Fuente: La Tercera

(19/02/2018) A través de una nota técnica, la entidad aclaró cuál es el plazo que tendría Chile para una eventual denuncia o renuncia al Convenio 169 que el país suscribió en 2008 y que cuenta con carácter de ley. La idea de terminar con el convenio ha sido planteada por futuras autoridades parlamentarias y por gremios de la IX Región.


El pasado 30 de enero la OIT publicó en su web, que el convenio -que establece obligaciones a los estados en favor de los pueblos originarios, entre ellas realizar consultas indígenas- sólo podrá ser denunciado en Chile “llegada la fecha del 5 de septiembre de 2021 y hasta el 5 de septiembre de 2022, no antes”, dice textualmente el documento.

Consultado por La Tercera, el académico de la Facultad de Derecho de la UC y experto en legislación indígena, Sebastián Donoso, estima que “la OIT se sintió en la necesidad de hacer la declaración porque estaban circulando ya demasiadas versiones sobre cómo era el régimen de denuncia del convenio, y muchas de ellas no estaban en lo correcto. Lo que hizo fue dar más certeza y aclarar técnicamente cuáles eran los plazos”.

La institución publicó el documento tras la polémica que surgió un mes atrás, cuando el diputado electo por Evópoli en La Araucanía y ex intendente de esa región, Andrés Molina, planteó públicamente la necesidad de que Chile abandone el convenio a partir de 2018. Según Molina y de acuerdo a lo que publica La Tercera, la idea sería compartida por el presidente electo, Sebastián Piñera, quien “no estaría conforme con su aplicación”. 

De igual modo, empresarios de la Región de La Araucanía se han mostrado proclives a que Chile renuncie al convenio, pues ven en las consultas indígenas un freno al desarrollo económico local.

Luciano Rivas, presidente de la Multigremial de La Araucanía, dijo a La Tercera que, independientemente del plazo correcto para renunciar, el convenio 169 no da respuesta a las necesidades de la población y estaría siendo usado para presionar al sector productivo privado, mediante las consultas indígenas que establece. “Hemos visto la utilización ideológica del convenio y nos preocupa la incerteza jurídica y de inversión que genera en zonas con población indígena. Al final son las propias comunidades indígenas las que quedan sin proyección productiva, laboral o capacitación. Por eso mantenemos nuestra postura que el convenio debe evaluarse y con esos resultados denunciarlo cuando corresponda”, sostuvo Rivas.

La reacción del actual gobierno no se hizo esperar y el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza expresó, antes de viajar a Ginebra a la Comisión Sobre el Futuro del Trabajo de la OIT, que “es una interpretación apresurada y errónea que ha hecho un sector de la derecha. Renunciar al convenio sería un retroceso en materia de derechos humanos”.

El convenio es especialmente relevante para instituciones como Conaf, habida cuenta que como parte de su gestión debe relacionarse constantemente con comunidades indígenas en el desarrollo de diversos proyectos, planes y programas que son de incumbencia de estas comunidades. Un ejemplo de ello es el programa que se está llevando en Antofagasta en la Reserva Nacional Los Flamencos.

Recordemos además, que uno de los desafíos que enfrentan los encargados de Asuntos Indígenas Regionales de la corporación, es propiciar y facilitar la participación efectiva y la consulta, como derechos consagrados a los pueblos indígenas en el Convenio de la OIT.

La posibilidad de terminar el convenio es una prerrogativa del Ejecutivo a la cual puede optar cada diez años desde la entrada en vigencia del tratado, pero el 2018 no es el año correcto para hacerlo, como han pensado algunos que proponen la idea. El equívoco surge porque se cuenta una década a partir de 2008, fecha en que Chile suscribió el convenio, en el primer gobierno de Bachelet. Sin embargo, la OIT aclaró que la fecha inicial que debe considerarse es el 5 de septiembre de 1991, momento en que el convenio entró en vigencia en términos generales. De esta forma, Chile sólo podría denunciar en 2001, 2011 y en 2021.

“Chile tenía la posibilidad de haber denunciado el convenio el 2011, pero no lo hizo porque obviamente se entiende que hay un deseo de ir avanzando en materia de derechos indígenas”, señaló a La Tercera el abogado Richard Caifal, director de la Corporación de Profesionales Mapuche Enama, quien recomendó a las nuevas autoridades asesorarse por instituciones especializadas en la dinámica indígena.

Por su parte, Andrés Molina señaló que “no es malo tener más tiempo para diseñar otro sistema de participación en la ejecución de proyectos". E insistió en que "sigue siendo un convenio que no ha dado los resultados esperados y del cual mucha gente vive”.

De retirarse del convenio en 2021, Chile sería el primer país en hacerlo, de los 22 firmantes. Al respecto, el alcalde de Isla de Pascua y miembro permanente del Concejo de Ancianos de Rapa Nui, Pedro Edmuns, afirmó: “yo le recomiendo al nuevo presidente que se vaya sacando esa idea de la cabeza. Querer quitarles a los pueblos originarios la única herramienta jurídica que tienen para defenderse es ganarse el odio en Chile, y también en el mundo".

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